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EL CPCCS DIO SU ÚLTIMO RESPIRO

EL CPCCS DIO SU ÚLTIMO RESPIRO

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha incumplido con sus funciones al nombrar autoridades sentenciadas por corrupción y estar cerca del poder. Tiene un presupuesto anual de 11 millones de dólares y una lista de 400 funcionarios. Sus 7 consejeros han ocupado entre 3 y 9 cargos públicos durante la administración del expresidente Rafael Correa.

Están aferrados a sus cargos y no les importa el país. Eso ocurre con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), opinaron los consultados por este Diario sobre este tema. Para ellos no bastó el resultado de la consulta popular que preguntó a los ciudadanos (pregunta 3): ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período de sus actuales miembros y nombrar un Consejo Transitorio que evalúe a todas las autoridades de control? El 63,08 de los electores votó por el Sí, mientras que el 36,92% lo hizo por el No. Los siete integrantes del Consejo (ver infografía) son Raquel González, Edwin Jarrín, Tania Pauker, Sonia Vera, Tito Astudillo, Doris Gallardo y Juan Antonio Peña.

Todos ellos han ocupado otros cargos públicos durante la década del expresidente Rafael Correa, y han sido cercanos a él. Incluso allí hay parientes. De ellos Jarrín, Pauker y Vera solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida a la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas cautelares para que suspenda la pregunta 3. Su intención era conseguir un dictamen de la CI para que la Corte Constitucional ecuatoriana tumbara la consulta y Correa volviera al poder.  Sin embargo, la CI desestimó esa solicitud. Y con ello tuvo su último respiro.

Tres funciones

Ese organismo tiene 3 funciones: la primera es promover la participación ciudadana. La segunda, luchar contra la corrupción; y la tercera, designar a las autoridades de control. La primera función se desarrolla a través de veedurías, observatorios, defensores comunitarios y comités de usuarios. Las veedurías deberían fiscalizar y controlar la administración de gestión del sector público, según la Ley de Participación Ciudadana.

Estas deben estar conformadas por representantes de las organizaciones sociales, dice el informe El Secuestro de la Participación Ciudadana en Ecuador, elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). En 2016 se crearon 214 veedurías: 7 por iniciativa del organismo, 73 por iniciativa de autoridades y 134 por iniciativa ciudadana. Una de las veedurías fue a los contratos de Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, conformada en 2009. La veeduría concluyó que el hermano de Correa “fue favorecido con contratos con el Estado por 700 millones de dólares”, dice la FCD.

Además, confirmó que Rafael Correa tenía “pleno conocimiento de los contratos de su hermano”.  Por esas conclusiones, los integrantes de la veeduría fueron demandados por el Presidente, acusados de falso testimonio y sentenciados a un año de prisión, dice el documento. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, explicó a este Diario que el Consejo es una instancia cooptada. “Redujo su acción a las necesidades del proyecto del Gobierno autoritario de Correa y la participación ciudadana a organizaciones afines”, dijo. Él contó que en julio y agosto de 2017, en la conformación de una veeduría de la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) no se admitió a 30 veedores.

El Consejo arguyó que los formularios de inscripción tenían tachaduras y aplicaron un reglamento que no era para las veedurías, agregó. Otro ejemplo: el informe de veeduría para la selección del Fiscal en 2011, entre los que estaba Galo Chiriboga, dice que “los candidatos no contaban con la calidad ni los requerimientos”. También que el proceso tuvo serias deficiencias. Sin embargo, Chiriboga fue elegido fiscal. Él ya había trabajado en el Gobierno como Ministro de Minas y embajador en Madrid.

Los observatorios monitorean y vigilan el cumplimiento de la política pública. Hay dos observatorios: el de Seguridad Social y de Salud de los Trabajadores; y el de la Familia, señala el informe de FCD. Las defensorías comunitarias están en el papel, pero existen. Y, finalmente, están los comités de usuarios que deben recibir quejas y denuncias sobre la calidad de los servicios públicos. En 2016 se crearon 7 comités, dice la FCD.

Lucha contra la corrupción

La segunda función del Consejo es luchar contra la corrupción. En este tema la entidad tiene una gran deuda con la ciudadanía. Asumió las atribuciones de la ex-Comisión de Control Cívico de Corrupción y de la Secretaría Nacional Anticorrupción, pero no hizo nada. En 2010, el Consejo heredó 2.852 causas de esas exentidades pero la mayoría no fueron admitidas (2.497). Mientras en 2016 recibió 464 denuncias.

Solo el 43,53% fueron aceptadas. De enero a septiembre de 2017, el Consejo receptó 281 denuncias, pero solamente el 36% fueron admitidas, dice la FCD. El legislador de CREO y exvocal del Consejo de Participación, Luis Pachala, dijo a este Diario que la lucha contra la corrupción en esa institución ha sido débil. “La Ley de Participación no permitía que los consejeros investigaran de oficio”. Para él, la Función Ejecutiva cooptaba al Consejo, a la Asamblea, a la Fiscalía y eso impedía investigar los casos de corrupción. “Las denuncias quedaban guardadas”, señaló.

Selección de autoridades

La tercera función del Consejo es seleccionar a todas las autoridades de control, es decir a 31 en total, entre ellas: Defensor Público, del Pueblo, Fiscal, Contralor, Consejo Nacional Electoral, Procurador, superintendentes, Consejo de la Judicatura. Según la FCD, la institución hizo 24 procesos para ello desde 2011: 11 fueron “supuestamente con concursos de oposición y méritos”, y 13 “con ternas”.

Para David Rosero, de Unidad Popular y exvocal del Consejo de Participación, los procesos de selección “fueron cuestionados, pues hicieron reglamentos con trampas para colocar a amigos”, dijo a este Diario. La impugnación de los candidatos es al inicio y pasa inadvertida. La calificación de las carpetas no es pública.

Eso ocurrió con la documentación del actual fiscal, Carlos Baca, y del excontralor, Carlos Pólit, sentenciado por corrupción, detalló. En junio de 2017, los integrantes del organismo comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por solicitud del legislador Homero Castanier, de CREO. Él presentó pruebas sobre “irregularidades en la gestión administrativa de la institución en la selección de autoridades”.

Entre 2012 y 2017, el Consejo pagó 453.209 dólares por ese rubro. Además, el año anterior habría “pagado 51.647 dólares por arrendar una oficina durante siete meses para las comisiones de selección de autoridades”. Algunas de las autoridades designadas por ellos están relacionadas con casos de corrupción, como Carlos Pólit. (I)

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/el-cpccs-dio-su-ultimo-respiro

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